Europa reconoce el mal estado de la Informática en nuestro país


Han ido hasta Bruselas para reivindicar que se reconozca el auténtico estado en el que se encuentra la asignatura de Informática en nuestro país. Y lo han conseguido.

Bernardo García y Carlos Roncero, vocales de la Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática (Pnapi), acudieron el pasado día 20 al Parlamento Europeo para exigir la corrección del último informe del Eurydice sobre la enseñanza de las TIC en Europa. Es un documento publicado en 2004 en el que se trata de forma bastante optimista la enseñanza de las TIC en todos los países de la Unión.

El Eurydice es una red institucional creada por la Comisión Europea y los Estados miembros en 1980 como mecanismo estratégico para impulsar la cooperación en el ámbito educativo, tanto a través del intercambio de información de los distintos sistemas educativos, como de la realización de estudios comparados sobre temas de interés común. Concretamente el informe realizado por este organismo en 2004, llamado Cifras clave de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros escolares de Europa, afirma que “las TIC son una asignatura propia y obligatoria en la Educación Secundaria” y sus contenidos “son impartidos por profesorado especialista”, afirmaciones que para la Pnapi “son falsas aplicadas en el caso español”.

Tanto la asignatura de Informática de 4º de ESO como la de Tecnologías de la Información y la Comunicación que se encuentran en Bachillerato son optativas, en ningún caso obligatorias. Además, estas materias están atribuidas tanto a la especialidad de Tecnología como a Informática, e incluso llegan a ser impartidas por catedráticos de Matemáticas.

Según los dos vocales de la Pnapi, “ésta es la situación actual, que no ha variado significativamente de la anterior tras la puesta en marcha de la LOE, ya que en 2004 algunas comunidades ofertaban la Informática simplemente como optativa tanto en la ESO como en el Bachillerato”. Además, los dos profesores consideran “un gravísimo error, y un fraude al alumnado, que en España se haya atribuido estas materias a especialidades diferentes, ya que el temario de oposición en Informática está compuesto por 74 temas relacionados con las TIC, el de Tecnología tan sólo le dedica un tema y el de Matemáticas ninguno”.

Según Bernardo García, “la asignatura de Informática está compuesta por temas como las bases de datos, edición de vídeos, sistemas operativos o páginas web, es decir, contenidos propios de los especialistas en Informática, por lo que no tiene sentido que la impartan los profesores de Tecnología o los de Matemáticas”. Para él “los profesores de Tecnología ya cuentan con sus propias materias, tanto en la ESO como en Bachillerato, cuyos contenidos son acordes a su especialidad, donde se tratan temas como la mecánica, la estructura de los materiales, mecanismos, fabricación, energía o la electricidad”. Bernardo García, además, reivindica para la asignatura de Informática “el mismo estatus que tiene la Tecnología, que es obligatoria en Secundaria y una materia de modalidad en Bachillerato”.

Reconoce el error
Ahora, tras el pleno del pasado día 20, la Comisión Europea reconoce el error en el informe del Eurydice. En primer lugar, admite que España no tiene ninguna asignatura obligatoria propia de las TIC. Y también que las optativas que existen ni siquiera son impartidas por verdaderos especialistas. Además, la Comisión enviará un informe al Mepsyd para que conozca todas las opiniones de los grupos parlamentarios y las conclusiones que salieron del pleno. Carlos Roncero explica que “no es obligatorio que el Mepsyd cumpla ese informe, pero supone una llamada de atención al Gobierno español, donde se le informa de que los datos que envió en su momento para elaborar el informe, con respecto a la situación de la Informática en España, son falsos”.

Tanto Carlos Roncero como su compañero, Bernardo García, se muestran contentos de que al fin la Comisión reconozca este error. Es ya la tercera vez que se trasladan a Bruselas para exigir que se modifique el informe y por fin, después de cuatro años, se hace realidad su reivindicación. De hecho, según Roncero, “fueron muchos los grupos parlamentarios los que manifestaron su disconformidad con la lentitud de la Comisión para corregir estos errores”.

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